Prensa MinComercio.- (21-05-2009).- EL ministro del Poder Popular para el Comercio, Eduardo Samán y el Alcalde de Valencia, Edgardo Parra, firmaron un acuerdo para la creación de una oficina de Indepabis que funcionará en las instalaciones del edificio de la Alcaldía.

El Ministro explicó, que un grupo de trabajadores de la Alcaldía se capacitarán en la aplicación de la Le y para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios , para luego pasar en comisión de servicio y formar parte del Instituto, y así poder proteger aún más a los usuarios y usuarias de Carabobo.

Parra señaló, que la nueva oficina de Indepabis atenderá a todos aquellos afectados que deseen realizar sus denuncias, además, los funcionarios inspeccionarán los establecimientos para prevenir la especulación y la usura.

Procesadoras de pan en la mira

Samán aprovechó la oportunidad para denunciar a las empresas procesadoras de pan, las cuales tienen ganancias desproporcionadas, “el pan está regulado en 5,6 bolívares fuertes el kilo y nosotros encontramos que un paquete de pan de sándwich de 500 gramos, supuestamente enriquecido con vitaminas, tienen un precio de 8 bolívares fuertes. Un kilo de harina de maíz precocida cuesta 2,07 bolívares fuertes y no es posible que un kilo de pan esté en 16 bolívares fuertes”.

“Supuestamente el pan está enriquecido con vitaminas, yo quiero saber qué pasa con las vitaminas cuando entran al horno, ahí no queda ninguna vitamina. Lo que están obteniendo son ganancias desproporcionadas a costa del salario de la gente y el Gobierno no va a permitir que esto siga pasando”, señaló el Ministro.

Farmacéuticas

 

El titular del Ministerio de Comercio indicó que las a farmacéuticas se les habían dado todas las facilidades para importar medicamentos “todos los dólares que ellos piden se les dan y eso se tradujo en el cierre de una planta. Claro, a ellos les parece más fácil importar, que mantener una empresa abierta donde tienen que lidiar con trabajadores”.

Resaltó que el Gobierno se reunirá con los trabajadores de Pfizer para intentar que los directivos de esa empresa reconsideren el cierre, “sino aplicaremos la Ley como lo hemos hecho en otras empresas. Los medicamentos son bienes inherentes a la vida y por lo tanto protegeremos al pueblo. Necesitamos garantizar la producción de medicamentos en el país”.

Aprovechó la oportunidad para explicar al público asistente los beneficios de la modificación de la Ley de Indepabis. Indicó que las actuaciones que realiza el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, se encuentran apegadas a la Ley , basándose en el principio de la defensa del interés colectivo de la población en la satisfacción de sus necesidades.

El ministro Samán expresó que la misma se realizó como una emergencia legislativa, donde uno de los artículos que se modificó, se encuentra referido a los ilícitos donde se presume contrabando de extracción, que contempla la incautación inmediata del medio de transporte para hacer las averiguaciones correspondientes y su posterior comiso, por parte de los jueces que conozcan del caso.

“Esto no debe ser visto como una medida ejecutada contra la propiedad privada, sino como un procedimiento dirigido a la paralización de un medio de transporte, que en un momento dado, se está utilizando para realizar contrabando de extracción”, recalcó.

Medidas preventivas contra el INPC

La reforma de la Ley, en el artículo 118, numeral 4, establece medidas preventivas contra cobros indebidos por concepto de Índice Nacional de Precios al Consumidor, en viviendas en construcción, donde se pretende imponer al comprador un incremento desproporcionado en el precio final, por obras no ejecutadas en el proyecto.

En la mayoría de los casos, señaló el ministro Samán, el constructor o la inmobiliaria buscan cualquier justificación para rescindir el contrato y ofrecer la vivienda a otra persona, a un precio mayor.

Esta medida de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes e inmuebles , también la efectúa el Ministerio en forma preventiva y tampoco atenta contra la propiedad privada, sino que tiene por objeto obligar a las inmobiliarias o constructoras, a llegar a una conciliación con las personas afectadas en la búsqueda de una solución que no afecte sus intereses económicos.